¿Transformar la CEDH en una ONG?

El Mensajero

Enero de 2018

Marco Antonio Andrade Aguirre

andrade.aguirre@hotmail.com

 

Tiene razón el Maestro Ruiz Quirrin al advertir que el Congreso del Estado debe tener mucho cuidado de no designar a un protagonista como presidente de la CEDH. 

Otros columnistas también han señalado el riesgo que representa nombrar a quien,  por sus compromisos y filias disimuladas, ha reiterado su objetivo de obtener recursos privados y gestionar financiamiento internacional para apuntalar el nuevo perfil institucional de la CEDH para convertirla en una especie de ONG que sirva de contrapeso a las autoridades y a los poderes públicos en la entidad (sic).

Es importante tener claro que dicho propósito no es una simple ocurrencia, sino una revelación programática de uno de los más urgidos aspirantes para ocupar la presidencia del máximo organismo protector de los derechos humanos en sonora.

Tampoco lo es la propuesta de distanciar a la CEDH del sistema legalista que permite  resolver las quejas o denuncias conforme al orden jurídico, incluyendo la idea de evaluar programas y políticas públicas de inversión social (sic), para sustituirlo por una visión de activismo antisistémico que permita a su nuevo presidente transformarla en un instrumento de presión y fiscalización política sustentado en la autonomía y en la autosuficiencia financiera de la institución (sic).

Estas evidencias quedaron confirmadas en las recientes entrevistas ante el Congreso.   

Aunque la advertencia inicial fue del periodista Rafael Cano, también se corrobora con  las reflexiones de la Columna “El Mensajero” de Gilberto Armenta. Otro analista como Francisco Aragón Salcido en una Carta Abierta publicada en Dossier profundizo aun mas haciendo una reveladora semblanza biográfica del mismo aspirante.

Por eso la importancia de que, nunca como ahora, es necesario constituir el Consejo Consultivo para definir limites y mantener los equilibrios internos de la CEDH.

Estamos en el momentum de integrar la estructura orgánica completa tomando como base la representación ciudadana mediante el nombramiento de los seis miembros honoríficos de dicho Consejo. Corresponde a los Diputados aprobar sin mayor dilación el funcionamiento de la CEDH como una estructura colegiada, no unipersonal.  

Es impensable se entregue de nuevo un cheque en blanco al presidente del organismo, máxime los antecedentes inmediatos de desorden y opacidad por el manejo de recursos en una asociación civil, sin mencionar un supuesto conflicto de interés o corrupción que origino la renuncia de algunos de sus integrantes.

En ese sentido, y dadas las singulares condiciones en que se encuentra actualmente la CEDH, es necesario rediseñar los procesos y el sistema de acuerdos y recomendaciones con el propósito de transparentar y legitimar sus decisiones.

Además, el Congreso no debe subestimar el perfil profesional requerido ni el rigor analítico para determinar la idoneidad del nuevo presidente.  

Como bien lo dijeron la Barra Sonorense, El Colegio y la Federación de Abogados, es lógico suponer que debe respetarse el requisito preferente de ser un profesional del derecho para saber procesar y resolver con conocimiento de causa, y no por sentido común o por complacencia pública, la delicada responsabilidad de reclamar, en forma  fundada y motivada, cualquier arbitrariedad a las autoridades locales.

Sería inadmisible improvisar o flexibilizar los criterios para nombrar al ombudsman.

La CEDH es, por definición, un órgano profesionalizado para la vigilancia de la legalidad y el predominio del estado de derecho. Es un defensor oficial de los derechos individuales de las personas y de los colectivos de la comunidad.

Es decir, la CEDH tiene atribuciones de representación social y de supervisión legal,  no de promoción de intereses de grupo o agendas personales, ni mucho menos para  inducir el activismo o para institucionalizar la protesta como se pretende.

La supuesta experiencia o las capacidades aparentes no pueden estar por encima de la formación profesional ni del conocimiento comprobado. Sería un fraude a la ley.

En consecuencia, vale la pena subrayar que la CEDH tiene la alta responsabilidad de supervisar que las autoridades y los funcionarios respeten los derechos humanos,  pero no de juzgar a nadie por no ser autoridad jurisdiccional; también  investiga pero no acusa porque no es fiscal ni ministerio público; tampoco puede convertirse en un tribunal ciudadano o en una oficina de oposición gubernamental como alguien piensa.

Para eso están los juzgados, los partidos, las ONG o las asociaciones civiles.

Entonces, es recomendable revalorar los orígenes y las razones históricas del organismo para afrontar el desafío de reconstruir la vida institucional y la credibilidad, pero ante todo, para recuperar la utilidad social de la CEDH.

Con la designación del nuevo ombudsman, el congreso tiene en sus manos asegurar que los derechos humanos se reconozcan y respeten religiosamente, sin duda, pero deben tener la precaución de no encomendarlos a quien puede convertirlos en la segunda versión de los renglones torcidos de Dios.

Salud.

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