Justicia social en tres actos

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Gilberto Armenta 

 

El gobierno no descansa en la fuerza, el gobierno es la fuerza; descansa en el consentimiento, o en una concepción de la justicia. Gilbert Keith Chesterton

A menos de una semana de la entrada en vigor del nuevo sistema político en México, el concepto de política en si se ha desvirtuado. Lo que miles de mexicanos suponían como el arranque de una espectacular operación para ir encaminando a la nación hacia un mejor futuro, se ha convertido en una desventurada trifulca legislativa, en la que los delirios de persecución persisten, y las frustraciones personales abundan. El responsable de eso se llama José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña.

Diputado federal plurinominal por el PT, auto encasillado en una inelegible postura de oposición perpetua, y ridiculizado aún por los propios, Fernández Noroña está mostrando lo que no debe suceder en los estados, luego de que los gobiernos entrantes tomen protesta el próximo 16 de septiembre.

La confrontación no es la estrategia correcta. Trabajar de la mano con el Estado si lo es, y por estado entienda usted los tres niveles de gobierno: federal, estatal y municipal.

En Sonora el gobierno estatal está aplicando de manera precisa el concepto que Keith Chesterton dicta arriba. El es la fuerza, y con el consentimiento del sonorense, está sacando adelante temas sensibles, que el mismo pueblo exige se solucionen y prosperen para bien.

El caso más reciente es el del transporte público, cuyos concesionarios, apertrechados detrás de la Sociedad Integradora y Concentradora del Transporte Urbano de Hermosillo (Sictuhsa), quisieron poner de rodillas a la dirección del transporte de Sonora, utilizando a los usuarios como peones en un tablero en el que, para sorpresa de ellos, ya la gobernadora Claudia Pavlovich les hizo jaque mate.

“No cederemos a chantajes ni presiones” fue la sentencia de la mandataria estatal, luego de atestiguar que el sistema emergente de atención a miles de estudiantes, trabajadores, y demás hermosillenses funcionó de maravilla y demostró que, a esos concesionarios, no se les ocupa más.

El gobierno es la fuerza pues. Pero ¿cómo puede el gobierno accionar bajo ese esquema?

Muy sencillo. La gobernadora mostró ese musculo después de entregar más de 216 millones de pesos de inversión en una obra que, ya en operación, estará beneficiando a miles de ciudadanos, de todos los municipios, en las décadas por venir. Y no es exageración.

Se construyó una vía de casi dos kilómetros de longitud, con tres carriles de circulación de ida y vuelta, ciclovía equipada a la banqueta inclusiva de ambos lados, tres puentes, canal de aguas negras y pluviales, semaforización y forestación. Esta obra esta pensada en automovilistas, personas con discapacidad visual, ciclistas, y peatones que la utilizaran a diario. Además, está pensada como acceso para miles de familias que la utilizaran para ir y venir al Hospital de Especialidades que se construye en esa zona, y que entrará en operaciones ya muy pronto.

A esto se la llama en política, trabajo con consentimiento. El ciudadano exige la obra, el gobierno consiente en cumplirla, y luego el ciudadano consiente en recibirla.

Y si usted mezcla las dos acciones arriba descritas, la que tiene que ver con el transporte púbico y su manejo, y la de la construcción de ese tramo sobre el bulevar Quintero Arce, entonces entenderá como se puede gobernar con plena justicia.

No se trata, bajo ningún precepto, de que el gobierno estatal ceda a los chantajes y presiones de un grupo de concesionarios del transporte, y tampoco que deje de hacer las obras de infraestructura que el sonorense ocupa con urgencia. Se trata de actuar de distinta forma en uno y otro tema. A eso se le llama equilibrio de gobernanza, que luego se convierte en justicia.

Y hablando de justicia, ¿recuerda usted las acciones del gobierno claudillero contra la corrupción de la administración de Guillermo Padrés? Pues eso ya dio un primer resultado que a los sonorenses les caerá muy bien.

Fueron reembolsados a Sonora, vía el entramado judicial que ya todos conocen, casi 39 millones de pesos, ilegalmente sustraídos durante esa administración padrecista. Iván Jaimes Archundia, consejero jurídico del gobierno estatal, fue quien recibió el cheque por ese monto vía Alberto Elías Beltrán, Subprocurador Jurídico y Asuntos Internacionales de la PGR.

¿Calcula usted en que se invertirá ese dinero? En obras de beneficio directo a la comunidad, y una parte para dignificar a las Agencias del Ministerio Público, a fin de brindar un servicio de calidad a los ciudadanos.

Fuerza gobernante que con el consentimiento ciudadano se aplica para conseguir justicia. No más, no menos. Alguien debería decirle a Fernández Noroña que voltee a Sonora para que aprenda.

Gracias por la lectura. Puede seguirme en @mensajero34 y en facebook.com/gilberto.armenta.16


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