La ineptocracia legislativa  

Mensajes

Gilberto Mensajero Armenta


Un Estado donde queden impunes la insolencia y la libertad de hacerlo todo, termina por hundirse en el abismo. Sófocles

 

Martin Gerardo Murrieta Romero anunció su registro como aspirante a la Fiscalía General del Estado de Sonora a través de las redes sociales. Su nombre se publicó en las primeras listas que se manejaron públicamente con 40 aspirantes, y algunos mensajes en tuiter y en columnas políticas llegaron a manejarlo como el caballo negro de Morena. Algunas líneas fueron más allá y aseguraron que él contaba con los 22 votos necesarios para suplir a Rodolfo Montes de Oca Mena. Nada más equivocado.

 

Luego de la primera evaluación, su nombre no apareció ni en la lista de desaprobados ni en la de aprobados, pero oficialmente se convirtió en el eliminado número siete.

 

Pero, vaya usted por partes. Primero es importante saber quien es, aunque sea de manera somera, el personaje de quien hablamos.

 

Murrieta Romero es priista de ascendencia y su ideología política fue formada en ese partido. La salida de esa organización, por lo delicado del tema, debe ser explicada por él mismo. El caso es que el “tarrungas” (como originalmente conocieron a su padre), fue aceptado por el PRD.

Después, en un proceso que pasó desapercibido en sus detalles (por el éxodo masivo de perredistas a Morena), se le empezó a ver en ese partido haciendo trabajo partidista en el centro del estado, mientras Javier Lamarque lo hacía en el sur.
En el proceso electoral del 2015, Alfonso Durazo Montaño llegó con la dirigencia estatal de Morena bajo el brazo, desplazando a todos los grupos morenistas ya formados en Sonora, incluyendo a Lamarque y a él mismo.
Ahí nació una velada animadversión contra Durazo Montaño y los grupos que conformó a su lado, y bajo esa competencia partidista, en ese año, Javier Lamarque compitió en solitario por la gubernatura de Sonora, con Durazo Montaño “piloteando” a la distancia.

Luego llegó el proceso electoral del 2018, y el control de Morena ya estaba bien definido, pero Martin Gerardo Murrieta Romero no fue considerado en ninguna posición, en ningún grupo de apoyo electoral, ni en una sola de las decisiones tomadas al interior de ese partido. Aún y con eso, luego de la victoria electoral de Morena, él buscó la Oficialía Mayor del Congreso del estado, pero la decisión final apuntó a Adolfo Salazar Razo, intimo colaborador y amigo de Durazo Montaño.
La actividad de crítica y descalificación de Murrieta Romero contra Salazar Razo fue brutal en redes sociales, pero entre líneas se podía leer que también iba contra Durazo Montaño.

¿Ahora entiende usted porque su expediente como aspirante a la fiscalía “desapareció”?

 

Todo el contexto anterior es para entender un solo punto, que la implosión al interior de Morena es un hecho consumado.

En el proceso para elegir al fiscal, los diputados de izquierda, que suman en teoría 21, tuvieron la oportunidad de su vida para imponer su voto decidiéndose por uno de los suyos (ciudadano pues).
Pero no, lo que se impuso fue la línea, el cobro de facturas, la eliminación de perfiles incómodos a las cúpulas de Morena, y la operación de una maquinaria legislativa que busca, en primer orden, eludir su responsabilidad y traspasarla al Consejo Ciudadano de Seguridad, tan descalificado por ellos en el pasado, y que ahora lo convierten en el refugio de la inoperancia de sus funciones, y eventualmente dejar que sea el poder Ejecutivo el de la decisión final o urgente (fiscal provisional), para luego desgarrase las vestiduras gritando “fiscal carnal no, fiscal carnal no”.

 

Lo que sigue es la impugnación del proceso y de la convocatoria en si por parte de Martin Gerardo Murrieta Romero que, en caso de proceder, podría retrasar el proceso de selección de manera indefinida. Y a esta impugnación podrían sumarse varias más, porque la convocatoria presenta más de diez irregularidades en su redacción que violenta los derechos de los aspirantes, que viola a la misma Constitución sonorense, y que va en contra del debido proceso para elegir y nombrar al nuevo fiscal.

 

Lo que suceda en adelante no es responsabilidad del poder Ejecutivo, ni del Consejo Ciudadano de Seguridad. ¡Vaya! Ni siquiera es responsabilidad del Congreso y sus diputados ni de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales. La culpa, si la hay, es atribuible al partido Morena y sus asesores jurídicos en el poder Legislativo que, hasta la fecha, han sido incapaces de operar un solo procedimiento de forma correcta y asertiva.

 

En su ánimo absolutista, bajo el argumento de “ganamos la elección”, y en su miopía revolucionaria están llevando a Sonora a una clara ineptocracia. ¡A ellos vayan los leones!

 

Gracias por la lectura. Puede seguirme en @mensajero34 y en facebook.com/gilberto.armenta.16


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