Propone diputado Alcalá programa para el rescate de créditos de vivienda vencidos

El Mensajero

Noviembre de 2018


El nombramiento de Claudia Indira Contreras Córdova como nueva Fiscal General de Justicia, podría considerarse como un ejercicio democrático de los Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado de Sonora.

Ante una asistencia del 100% de los Diputados Locales, como ya se informó oportunamente, se atendieron las tres sugerencias enviadas por la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano, quedándose en el camino Jesús Gabino Cabanillas Herrera, Rafael Ramírez Leyva y otros 31 aspirantes que no pasaron el primer filtro.

Con una votación evidentemente dividida -incluso entre los Legisladores emanados de Morena-, la vice fiscal de Delitos en Contra de las Mujeres y Violencia Intrafamiliar superó por más de las dos terceras partes a sus dos opositores (23-10).

Durante la sesión se percibió que los votos de la diputada Rosa María Mancha Ornelas y de Luis Armando Colosio Muñoz -a favor de la designación de Claudia Indira Contreras Córdova como nueva Fiscal de Justicia en Sonora-, tienen su origen en personajes muy encumbrado en la política nacional.

Alfonso Durazo Montaño, próximo titular de la Secretaría de Seguridad Pública, podría haber sido quien con su inconmensurable poder haya dado línea para que al menos un Legislador le diera la contra a la mayoría de sus compañeros de Morena el pasado jueves al mediodía.

Colosio Muñoz, para empezar, es compadre-compadre de Durazo Montaño; mientras que la maestra guaymense afiliada al SNTE pudo haber sido un eslabón de parte de Elba Esther Gordillo, quien luego de ser exonerada ha mostrado mucha empatía con el Gobierno Federal que encabezará Andrés Manuel López Obrador.

Pero también se dice, que el trabajo del secretario de Gobierno, Miguel Ernesto Pompa Corella, pudo haber sido la influencia que inclinó la balanza para que Indira Contreras fuera considerada como la mejor propuesta que ha llegado a la que hasta hace poco se le conocía como Procuraduría General de Justicia en Sonora.

Esta votación registrada en el Congreso del Estado pudiera tomarse como un revés a la coordinación morenista que encabeza Ernestina Castro Valenzuela y Martín Matrecitos, la cual es apoyada por su dirigente estatal, Jacobo Mendoza.

Sin embargo, pienso que lo más importante no es averiguar a quién le pertenece la medalla o quién salió perdiendo; sino que se valore la responsabilidad que tiene hoy Contreras Córdova y que nos brinde los resultados que todos los sonorenses estamos esperando.

Porque después de haber visto y escuchado las tres comparecencias de los aspirantes al cargo, me quedo con una propuesta de Jesús Gabino Cabanillas Herrera y otra de Rafael Ramírez Leyva.

Del primero de ellos, es decir, de Cabanillas Herrera (originario de la colonia Piedra Bola y hermano de Enrique de los mismos apellidos y que se encuentra como asesor en la Policía Municipal de Hermosillo) se me hizo muy buena idea ampliar el número de Agencias del Ministerio Público en base a la cantidad de habitantes.

Es común, pues, que cuando un ciudadano recibe un agravio o es víctima de un robo, al tratar de poner una denuncia lo mandan de un lugar a otro. Y de tanta burocracia el afectado termina por desistirse de iniciar un juicio legal en contra de sus victimarios o de algún delincuente.

Mientras que Ramírez Leyva -que demostró ser un buen maestro universitario- planteó la necesidad de capacitar a los Agentes Ministeriales de Investigación Criminal (AMIC) con técnicas de policías de otros países.

Lo único que pediría a la nueva Fiscal de Justicia en Sonora, es que esa capacitación o cursos que se podrían brindar a los Agentes de la AMIC en próximas fechas, sean en Sonora y no los envíen al extranjero.

Es obvio que si la capacitación fuera en otros países, se generarían más gastos para el pueblo sonorense. Y por consecuencia nuestros policías tendrían menos aprovechamiento, ya que le pondrían más atención al viaje que al compromiso de aprender nuevas técnicas.

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En el Congreso del Estado, debemos reconocer que hay propuestas e iniciativas de los Diputados que llaman mucho la atención.

Unas porque son verdaderas ocurrencias (como esa intención de llevar la estatua de Jesús García a lo más alto del Cerro de la Campana) y otras porque tienen la intención de ayudar a la población que les dio el voto.

Este martes, por ejemplo, el diputado local priista y originario de Ciudad Obregón, Luis Armando Alcalá Alcaraz, propuso la creación de un programa y un fondo económico por parte del Gobierno Federal para el rescate de los deudores de crédito de vivienda de interés social.

Lo malo aquí, es que en el caso de las hipotecarias no le dan tiempo al trabajador de recibir las utilidades o los aguinaldos para saldar su deuda, por lo que a los dos o tres meses de atraso les ponen la demanda en los Juzgados y con ello el emplazamiento para que la vivienda la paguen de contado.

Eso es una injusticia que lamentablemente hemos visto en muchas ocasiones en Hermosillo.

Razón por la cual hay tantas viviendas abandonadas.

Y no es porque la gente no quiere pagar y tener un crédito libre al 100%; sino porque en muchas ocasiones enfrentan algún gasto mayor por enfermedad o simplemente se quedan temporalmente sin trabajo.

Y eso es motivo suficiente para ser desalojados incluso con las medidas de apremio (actuario, policía y toda la cosa) de lo que consideraban era su patrimonio familiar.

Entonces, si la 62 Legislatura del Congreso del Estado tiene la intención de evitar esos ignominiosos desalojos, es necesario también que le hagan un exhorto al Poder Judicial del Estado para que evite este tipo de resoluciones; ya que es necesario un período de tiempo para que esta iniciativa camine en el Gobierno Federal.

Con más razón ahora que va a haber cambio de presidente de la República.

Porque de no hacerse así, habrá más gente que literalmente va a seguir siendo echada a la calle.

 Ahora, en el caso de los créditos otorgados por Infonavit, sabemos que hay más tolerancia con los tenedores de cartera vencida.

Les dan más tiempo para pagar, pues.

Pero a pesar de ello, y según las declaraciones de Alcalá Alcaraz, hay poco más de 2 mil viviendas abandonadas en Hermosillo y alrededor de 3 mil 500 en el resto de los municipios de Sonora.

Ojalá que esta propuesta realmente avance y que nuestros políticos se solidaricen con las clases populares más desprotegidas.

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A dos meses de haber asumido por segunda vez la responsabilidad más grande de su vida profesional, Sara Valle Dessens se dio cuenta que sus actos de nepotismo criticados recientemente por sus adversarios políticos, viene siendo uno de los problemas menores a los que tendrá que enfrentar como Presidenta Municipal.

La masacre registrada durante los primeros días de su Administración en pleno centro del Puerto más grande de Sonora, viene a confirmar que la violencia no exclusiva de Ciudad Obregón, Hermosillo o Nogales; sino que realmente se encuentra en todas partes por los diferentes intereses del crimen organizado.

Igualmente la violencia se está registrando en todo el país.

En Hermosillo, por ejemplo, el pasado fin de semana vimos un acontecimiento sumamente extraño. Cuando dos policías fueron agredidos por unos jóvenes supuestamente residentes de la colonia Staus.

Luego de las declaraciones de la alcaldesa Célida López Cárdenas (quien rechazó estos hechos), nos llega la reflexión de algo que debemos tomar muy en cuenta:

Si los policías municipales -que supuestamente están mejor preparados físicamente y cuentan con sus armas de cargo- no se pudieron defender de esas agresiones, ¿qué esperanzas tiene un ciudadano común a la hora de que nos convirtamos en víctimas de algún malandro?

Seguimos en la semana.


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