Verdades y mentiras del cartel inmobiliario

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Gilberto Mensajero Armenta

El único que saca partido del capitalismo es el estafador, y se hace millonario en seguida

John Roderigo Dos Passos

Algo peor que un político litigando en medios, son los usuarios de redes sociales litigando como si fuesen un ministerio público, y justamente eso es lo que ha sucedido con el tema conocido como el cartel inmobiliario.

Falta mucha información pública y oficial respecto a este tema, porque lo único que se conoce, es precisamente lo que algunos “influencers” han transmitido a través de sus cuentas de Twitter, TikTok, Instagram y Facebook.

En días pasados, la FGJE y la Fiscalía Anticorrupción ejecutaron una orden de cateo contra una notaría, que según el comunicado de prensa que informó sobre eso, había negado, en varias ocasiones, el acceso para que las autoridades obtuvieran datos de prueba, inherentes a la investigación en la que existen al menos 23 expedientes abiertos, derivados del mismo número de denuncias por posible fraude, falsificación de documentos, usurpación de identidad y falsedad de declaraciones. Esta acción bastó para que los tuiteros se escandalizaran aún más, reclamando su urgencia por ver sangre donde ni siquiera hay disputa. Mire usted:

Hace un tiempo fueron detectadas en alguna notaria de Hermosillo, intenciones de un grupo de personas, plenamente identificadas, para aparentemente cometer fraudes contra varios propietarios de bienes inmuebles, intentando vendérselos a terceras personas interesadas en adquirirlos. El modus operandis de estos delincuentes, algunos de ellos con marcado acento extranjero, fue tan estructurado, que pretendieron concretar las posibles fraudulentas compras/ventas ante notarios públicos, con documentos de identidad falsos, y con escrituras o documentos de propiedad igualmente falsos, además de hacer declaraciones irregulares en relación a la propiedad de estos inmuebles. A este grupo de fraudeadores no les interesaba el destino final de las propiedades, ya sea que quedaran en manos de los verdaderos propietarios, o de los incautos compradores, sino obtener las jugosas cantidades de dinero pactadas, y “pelar gallo” fuera de Sonora.

Los notarios públicos que contactaron no eran novatos, y al detectar irregularidades en los documentos, y al observar el comportamiento de los supuestos fraudeadores, acompañados o representando a los también supuestos propietarios, no solo se negaron a avalar o notarizar la transacción, sino que interpusieron las respectivas demandas ante al ministerio público. ¿Por qué no actuó con severidad este agente del MP, aun cuando le proporcionaron nombres completos de los supuestos fraudeadores, además de datos precisos de las propiedades y documentos, junto con demás evidencias? Bueno, será difícil saberlo porque este MP fue cesado por irregularidades en sus funciones. Lo que si es importante subrayar es que, en este particular tema, fueron los notarios públicos los que detectaron la acción fraudulenta de este grupo de posibles delincuentes, y fueron ellos los que interpusieron las denuncias ante las instancias y autoridades respectivas.

Por último, y respecto a las causas que originaron el cateo a la notaría como se menciona arriba, y tema con el que se inicia esta columna, basta con ver los posibles delitos, a decir, fraude, falsedad en declaraciones, usurpación de identidad, y falsificación de documentos, para someramente entender que no atribuibles a un notario público, sino a quienes acuden ante él solicitando sus servicios. Por otra parte ¿Por qué se negó la notaría en cuestión a entregar los datos o información que la Fiscalía Anticorrupción le solicitaba? Pues, porque la solicitud no era acompañada de una orden de cateo, como ahora si sucedió. Además, y con una simple interpretación del caso, se puede entender con facilidad que las 23 denuncias que se informa están asentadas, pueden corresponder, sin duda, a las que interpusieron las víctimas, ya como legales propietarios a los que intentaron despojarlos de sus bienes, o ya como compradores que perdieron su dinero, y no necesariamente 23 denuncias en contra de un determinado notario público.

Todo debido proceso tiene sus muy estrictas formas jurídicas, y para no afectarlo, se deben seguir todas las líneas de investigación posibles, aunque estas involucren a una notaría pública, sin que esto signifique que el titular de esta o sus empleados, son culpables.

En todo caso, es importante conocer siempre todas las versiones del mismo caso, y esperar a que sea la autoridad correspondiente la que diga cual es la correcta. No crea usted lo que le digan en menos de un minuto.

Gracias por la lectura. Puede seguirme en TW @mensajero34 y en facebook.com/gilberto.armenta.16 busque también MensajeroRed

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